Este año 2025 conocimos que, por primera vez en la historia, hay más de 3 millones de españoles residiendo en el exterior. En concreto y tal y como recoge el PERE, (Padrón de españoles residentes en el extranjero), a 1 de enero de 2025 la población española residente en el exterior era de 3.045.966.
Faltan varios meses hasta que conozcamos en qué número se sitúa este registro al cierre del año 2025, pero lo que sí podemos aventurar es que esta cifra va a aumentar significativamente y de manera continuada los próximos años. ¿Por qué? Por la Ley de Memoria Democrática.
La Ley de Memoria Democrática y la diáspora española
El 19 de octubre de 2022 se aprobó la Ley de Memoria Democrática, una norma cuyo objetivo es reconocer, reparar y dignificar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Una de las medidas de esta ley es reconocer el derecho a obtener la nacionalidad española a aquellos descendientes de exiliados, pudiendo acogerse nietos y nietas de españoles que se exiliaron por razones políticas, ideológicas o de orientación sexual. Una ley que hace justicia a aquellos abuelos, abuelas, padres y madres que tuvieron que marcharse de su país para salvar su vida.
Desde la entrada en vigor de la norma en 2022 y hasta octubre de 2025, cuando se cerró el plazo, se han recibido alrededor de 2,3 millones de solicitudes de nacionalidad.
¿Qué supone esto? Pues que, una vez resueltas, España cuente con una población de más de 5 millones de españoles residiendo en el extranjero, algo nunca visto y que tiene importantes implicaciones.
Retos y oportunidades de una diáspora de más de 5 millones de personas
A continuación enumeramos los retos y oportunidades que detectamos en Volvemos en relación a este aumento de la ciudadanía española en el exterior:
Estructura y recursos de la Administración insuficientes
El primer gran reto lo afronta la Administración Pública, que se encuentra desbordada por el elevado volumen de solicitudes recibidas. Actualmente, estas solicitudes se tramitan a través de los consulados, cuyos recursos humanos y materiales resultan claramente insuficientes. Esta situación provoca retrasos de varios años en la resolución de los expedientes y, al mismo tiempo, sobrecarga aún más los servicios consulares, ya que las personas a las que se les ha reconocido la nacionalidad también deben acudir a ellos para realizar otros trámites.
Solo en Argentina, por ejemplo, se han presentado alrededor de un millón de solicitudes, de las cuales más de 600.000 corresponden únicamente al Consulado de Buenos Aires.
El resultado es una situación de colapso administrativo que deja en una posición de abandono a muchos españoles residentes en el exterior, incapaces de recibir una atención adecuada por parte de su propia Administración.
Oportunidad ante el envejecimiento de la población
España afronta uno de los mayores desafíos demográficos de Europa: una población envejecida y una tasa de natalidad en mínimos históricos. Esto pone en peligro el estado del bienestar y el desarrollo económico del país.
En este contexto, atraer a la diáspora representa una oportunidad estratégica. Muchas de ellas son jóvenes, se encuentran en plena edad activa y cuentan con formación, experiencia internacional y redes profesionales que podrían contribuir de forma decisiva al desarrollo del país.
Facilitar su retorno no solo tiene un impacto para ellos y ellas, sino también un efecto estructural: refresca el tejido demográfico, impulsa la innovación y la productividad y revitaliza comunidades locales que hoy sufren pérdida de población.
La diáspora española no es solo parte de nuestra historia; sino una parte clave para el futuro demográfico, económico y social del país.
Combatir la despoblación
En relación con el envejecimiento de la población, otro ámbito en el que el retorno de la diáspora puede tener un impacto decisivo es el reto demográfico. España lleva décadas sufriendo una pérdida constante de población en amplias zonas del territorio, especialmente en el interior peninsular, donde numerosos municipios se encuentran hoy en riesgo de despoblación o directamente amenazados por la desaparición.
En paralelo, miles de personas de origen español residen fuera del país, muchas de ellas con vínculos familiares y emocionales con esas mismas regiones. Su retorno podría contribuir de forma tangible a revitalizar el tejido social y económico local, aportar nuevas competencias profesionales y generar proyectos emprendedores capaces de dinamizar la vida en pequeños municipios.
Reforzar la cohesión social y combatir los discursos de odio
En un contexto político y social en el que los discursos de odio y la desinformación sobre la migración ganan espacio en el debate público, el retorno de la diáspora española ofrece una poderosa contranarrativa basada en la empatía, la diversidad y la pertenencia compartida.
Frente a quienes presentan la movilidad como una amenaza, la realidad demuestra que la migración forma parte de la historia y de la identidad de España. Millones de personas tuvieron que emigrar en busca de oportunidades, y hoy muchas de ellas, o sus descendientes, desean volver para contribuir al país desde la experiencia, el talento y los valores adquiridos fuera.
Acompañar y reconocer a la diáspora no es solo una cuestión de justicia o de reparación histórica, sino también una forma de fortalecer la cohesión social. Significa abrazar a quienes siempre fueron parte de nosotros, reivindicar la movilidad como una riqueza colectiva y proyectar una España abierta, plural y solidaria, en la que todos los españoles, vivan dentro o fuera del país, se sientan reconocidos.
Una diáspora protagonista
Las personas que integran la diáspora española no son un grupo pasivo a la espera de políticas, sino una comunidad activa y diversa que aporta talento, experiencia y visión internacional. Asumir su papel protagonista significa reconocer que la relación con la ciudadanía en el exterior debe ser bidireccional: no se trata solo de ofrecer apoyo o servicios, sino de escuchar, incorporar su perspectiva y contar con su participación en la definición de las políticas que les afectan.
Otros países han sabido hacerlo con éxito. Irlanda, por ejemplo, ha convertido a su diáspora en un actor estratégico de desarrollo nacional, implicándola en la toma de decisiones, en la promoción internacional del país y en el impulso de su economía. Su modelo demuestra que una diáspora organizada, reconocida e integrada en la acción pública puede convertirse en un motor de innovación, diplomacia y cohesión nacional.
En España, la diáspora también ha comenzado a organizarse y articular su voz para defender sus derechos, reclamar mejoras en la atención consular y promover políticas de retorno más efectivas. Desde hace años, Volvemos trabaja precisamente en esa línea: conectando a la comunidad emigrante, asesorando en los procesos de retorno y colaborando con las administraciones públicas para diseñar estrategias que respondan a las necesidades reales de quienes viven fuera.
El futuro pasa por reconocer a la diáspora como un actor político y social con capacidad de propuesta, no solo como una realidad a gestionar. Darle espacio, recursos y representación es fundamental para construir una política de retorno y vinculación moderna, participativa y sostenible, que sitúe a las personas y no a los trámites en el centro.
Una voz propia para la diáspora española: la circunscripción en el exterior
La consolidación de una política de retorno y vinculación efectiva pasa también por reconocer plenamente los derechos políticos de la ciudadanía residente en el exterior. En la actualidad, más de tres millones de españoles viven fuera del país, pero su voz sigue estando infrarrepresentada en las instituciones.
Numerosos países con diásporas activas como Francia, Italia o Portugal cuentan con circunscripciones específicas en el exterior, a través de las cuales sus ciudadanos pueden elegir representantes que conocen de primera mano sus realidades, desafíos y aspiraciones. España tendrá que avanzar en algún momento en esa misma dirección, garantizando una representación directa y permanente de su comunidad en el exterior.
Crear una circunscripción de la ciudadanía española en el exterior no solo reforzaría su participación democrática, sino que permitiría diseñar políticas más ajustadas a sus necesidades, especialmente en ámbitos como el retorno, la movilidad laboral, la protección social o el reconocimiento profesional.
Además, enviaría un mensaje simbólico y político poderoso: que la ciudadanía española no termina en las fronteras del país, y que quienes viven fuera también son parte activa del presente y del futuro de España.
Conclusiones
El retorno y la vinculación de la diáspora española no son solo una cuestión de memoria o de justicia histórica: son una apuesta de país. España cuenta con una comunidad en el exterior diversa, formada y profundamente comprometida con su tierra, que representa una ventaja comparativa única frente a los grandes retos demográficos, sociales y económicos que enfrentamos.
Aprovechar ese potencial requiere políticas estables, recursos adecuados y una visión a largo plazo, pero también un cambio de mirada: dejar de concebir la emigración como una pérdida y empezar a entenderla como un patrimonio vivo, capaz de aportar conocimiento, inversión, innovación y cohesión.
La diáspora española puede ser parte de la solución a los desafíos del siglo XXI: puede ayudar a repoblar territorios, sostener el sistema de pensiones, fortalecer la democracia y proyectar una imagen abierta y solidaria de España en el mundo. Pero para que eso ocurra, el país debe reconocerla, incluirla y darle un papel protagonista.
Desde Volvemos, llevamos años demostrando que ese retorno no solo es posible, sino transformador. Porque cuando quienes se fueron encuentran las condiciones para volver, no regresa solo una persona: vuelve talento, experiencia y futuro.