¿Sabías que los ciudadanos españoles son quienes más consultas legales hacen a la Unión Europea? Durante nuestra estancia en Bruselas descubrimos algo que confirma lo que ya intuíamos: moverse por Europa sigue siendo complicado, especialmente cuando se trata de acceder a la Seguridad Social, registrar tu residencia o reclamar una pensión.
En los días que estuvimos en Bruselas conocimos la realidad de la ciudadanía europea desde el otro lado, el de las instituciones europeas. Y una de las cosas más interesantes que hemos visto son los problemas de los ciudadanos a través de las quejas que ciudadanos y empresas han enviado a la Comisión Europea durante 2024.
Conocimos YEA (Your Europe Advice), un servicio de asesoría legal de la Unión Europa. Este servicio elabora anualmente un informe con su trabajo, y este arroja información de gran utilidad y que nos ha servido para constatar muchas de las impresiones de nuestro día a día.
En 2024, YEA recibió 26.753 quejas y peticiones de asesoramiento legal, lo que supone de media algo más de 73 consultas diarias. Estas consultas, además de poder solucionar problemas concretos que enfrentan las personas, sirven para testar los mecanismos europeos y detectar lagunas en la legislación o riesgos potenciales en la aplicación de determinadas normas para la ciudadanía.
Las temáticas de estas 26k consultas son muy variadas, pero sin duda las relativas a Seguridad Social son las más importantes, con un 28% del total. Seguidas de estas están las relativas a la residencia, con un 21% o los procedimientos de entrada, con un 11%.
Las quejas proceden de ciudadanos de los 27 Estados miembro, así como de Noruega, Islandia y nacionales de terceros países que son familiares de ciudadanos de la UE. Hay más consultas que corresponden a ciudadanos británicos, pero desde el Brexit ya no se contabilizan. Los nacionales de España son los que lideran el ranking de consultas hechas y, en relación a los países implicados en estas consultas, a la cabeza están Alemania, España, Francia, Italia y Portugal.
La Seguridad Social en Europa, la principal preocupación de la ciudadanía
Una parte significativa de las preguntas relacionadas con la Seguridad Social se refieren a la gestión general de la misma y las dificultades para determinar qué país es competente en cada caso. Los ciudadanos tienen dificultades para navegar por procesos complejos y diferentes obstáculos burocráticos. Además, la escasa comunicación y la cooperación insuficiente entre las autoridades nacionales agravan esta situación, lo que provoca retrasos importantes y una gran frustración.
En concreto, los ciudadanos no saben dónde pagar las cotizaciones de Seguridad Social cuando trabajan en dos países, viven en uno y trabajan o se jubilan en otro país. En este escenario, algunos Estados miembro no aceptan su responsabilidad y dicen que no tienen competencia incluso cuando sí la tienen. Otros se declaran competentes para decidir cuando realmente no lo son. Y esto sucede a lo largo de toda la Unión Europea.
Si bien el Tribunal de Justicia de la UE ha dictaminado de forma reiterada que la finalidad de las normas de coordinación es proteger los derechos de la ciudadanía y conservar su protección social cuando ejercen su derecho a la libre circulación dentro de la UE, lo cierto es que muchas veces se tienen problemas para mantener la cobertura de Seguridad Social al trasladarse de un país a otro. Con demasiada frecuencia se enfrenta una falta de cooperación persistente y generalizada entre las autoridades nacionales.
"Un ciudadano danés que anteriormente trabajó en Alemania y ahora reside en Dinamarca no pudo determinar a qué sistema de Seguridad Social pertenece. Mientras trabajaba en Alemania desarrolló un cáncer y a raíz de ello fue despedido por su empleador. No recibió ningún apoyo económico durante su enfermedad ya que ni las autoridades de Seguridad Social danesas ni las alemanas estaban dispuestas a asumir la responsabilidad."
Caso real recogido en el informe YEA.
"Un ciudadano sueco viviendo en España desde 2021 tiene problemas para conseguir el formulario S1 para registrarse en la Seguridad Social española. Habiendo trabajado previamente en Suecia, Reino Unido y Francia, ninguno de estos países reconoce su responsabilidad. Francia cree que Suecia debería hacerse cargo, mientras que Suecia reclama a Reino Unido. Sin el formulario S1, este ciudadano tiene que contratar un seguro médico privado para tener cobertura sanitaria y además no puede tener la tarjeta sanitaria europea para poder usarla al viajar."
Caso real recogido en el informe YEA.
Los ciudadanos europeos tenemos el derecho de acceder a los servicios de salud de cualquier país de la UE y que los gastos generados sean después reembolsados por el país en el que está asegurado ese ciudadano. Esto es lo que reconoce la tarjeta sanitaria europea. Las quejas en relación a la asistencia sanitaria están relacionadas con el acceso a la misma o la obtención de retribuciones por enfermedad o beneficios como la paternidad/maternidad. En muchas ocasiones no se reconoce la cobertura de la tarjeta sanitaria europea o no se consigue el mencionado formulario S1. Estos obstáculos y los retrasos y negativas de muchos países provocan un impacto directo en la sanidad y las finanzas de muchos ciudadanos.
Pero si hablamos de prestaciones sociales, la reina es la jubilación. La mayoría de las quejas hablan de ello. En Europa se supone que cada país ha de reconocer el tiempo cotizado en otro para tener derecho a la pensión. Sin embargo, aunque la normativa es clara, los periodos de cotización no siempre se tienen en cuenta, y los errores en los cálculos o en las transmisiones de datos son comunes. Muchos ciudadanos encuentran dificultades para obtener información clara y precisa sobre este proceso.
La falta de cooperación entre las autoridades nacionales deriva en retrasos y dificultades en el cobro de los derechos de pensión, dejando en ocasiones a las personas sin ingresos. Este es un problema muy extendido en toda la UE. A esto hay que añadir el Brexit que afecta a los europeos que han cotizado en Reino Unido.
"Un ciudadano francés residente en España solicita la pensión al cumplir 65 años, recibiendo ya en Francia una pensión por haber contribuido los años necesarios para tenerla. A pesar de haber trabajado en España y contribuir al ssistema de Seguridad Social, su solicitud es rechazada. Las autoridades españolas indican que no ha contribuido el mínimo de años necesarios para jubilarse y que por tanto tienen que esperar hasta cumplir los 67 años, edad legal para jubilarse en el país. Esta persona ha cotizado 42 años entre Francia y España, sin embargo, las autoridades españolas no han tenido en cuenta el período cotizado en Francia para su resolución."
Caso real recogido en el informe YEA.
También se reciben quejas en relación al formulario U1 que da derecho a cobrar la prestación de desempleo teniendo en cuenta los periodos cotizados en otro país.
"Un ciudadano francés se desplaza a España y solicita la prestación por desempleo. Pide el U1 a las autoridades francesas para transferir sus periodos cotizados y, sin embargo, estas no le dan respuesta alguna."
Caso real recogido en el informe YEA.
Ante la indefensión que estas situaciones provocan, en Volvemos creemos que es importante que como ciudadanos conozcamos nuestros derechos para que puedan ser reconocidos. Para ello ofrecemos asesoramiento en materia de Seguridad Social, fiscalidad, extranjería, etcétera. Si quieres que te asesoremos y acompañemos en tu retorno a España, puedes rellenar el formulario que encontrarás a continuación.